30º aniversario de la LISMI

La LISMI, 30 años después

Por Héctor Maravall Gómez-Allende

20/06/2012

30 años después de la aprobación de la LISMI, lo primero que hay que  decir es que en gran medida fue una Ley adelantada al grado de conciencia y sensibilización social existente en aquel momento tanto en la esfera pública como en la privada.

La LISMI fue fruto de la confluencia de unos parlamentarios especialmente interesados con la problemática de las personas con discapacidad, de la fuerte presión reivindicativa del movimiento asociativo y por último el respaldo de técnicos y expertos que venían trabajando profesionalmente en este ámbito.

La LISMI fue, además, uno de los primeros textos legales de nuestra reciente democracia que incorporaba concepciones modernas y progresistas en el ámbito de la política social, resaltando la importancia de las políticas activas y de integración social, rompiendo amarras con posiciones asistenciales y de beneficencia.

Cabe preguntarse si la LISMI fue en su momento una norma voluntarista y por lo tanto con pocas posibilidades reales de ejecución en el contexto realmente existente en España en 1982. En mi opinión las Leyes Sociales, si bien deben promulgarse con los pies en el suelo y con vocación de ejecución real, deben tener también un elemento de estímulo, de impulso, de ir por delante, para en definitiva avanzar en la política social.

Así, y aunque la LISMI tiene aspectos incumplidos y otros escasamente desarrollados, sin duda el nivel de protección e integración social de las personas con discapacidad seria mucho menor en nuestro país, si esta ley no se hubiera promulgado o lo hubiera hecho con objetivos y pretensiones más reducidas. Por otra parte no podemos tampoco olvidar que la LISMI es una norma, que si bien en algunos apartados se sitúa en el terreno de las definiciones genéricas, en muchos otros es de una concreción muy precisa, con un nivel de exigencia extremadamente alto.

En todo caso y a la vista de los años transcurridos, desde mi punto de vista tres serían los aspectos claves de la LISMI que más complejidad tienen y sobre los que puede tener interés reflexionar.

En primer lugar, se trata de una norma claramente transversal que abordaba la integración social de las personas con discapacidad  desde varios ámbitos, lo que exigía inevitablemente una acción coordinada de las Administraciones públicas, tanto en el plano horizontal, como vertical. El balance al respecto es bastante insuficiente. Cuestiones como las barreras arquitectónicas, de la comunicación y del transporte, de la formación profesional, de las políticas de empleo, de la prevención o de la rehabilitación, exigían y exigen un trabajo de estrecha y sistemática colaboración y cooperación, asignatura todavía pendiente en el sector publico de nuestro país.

En segundo lugar, la LISMI tenia un planteamiento quizás excesivamente ordenancista de la política de integración laboral de las personas con discapacidad con un cierta abstracción de las duras reglas de juego que la economía de mercado impone, por muchos que sean los intentos de la Administración Publica por controlarlas o condicionarlas.

Sobre todo en periodos de importantes niveles de desempleo, depositar demasiadas esperanzas en medidas más o menos coercitivas de reserva obligada de puestos de trabajo, puede ser un espejismo. No solo las reservas se han revelado insuficientemente operativas en otros Estados Europeos mas avanzados socialmente y mas desarrollados económicamente, es que además en nuestro país, la llave real del empleo está en la pequeña y mediana empresa,  amplísimamente mayoritaria, que es la que precisamente o queda excluida de la reserva de puestos de trabajo o sus obligaciones son más reducidas.

Tampoco las administraciones publicas pueden dar mucho ejemplo al respecto y cualquier critica al empresario privado tiene el evidente flanco de ese incumplimiento. Pero siendo rigurosos, parece evidente que la integración laboral, aunque debe seguir contando con el instrumento legal de la reserva de puestos de trabajo, se juega básicamente en el terreno de la formación educativa y profesional y en la accesibilidad. Es cierto que la LISMI creó las bases de la integración educativa, que después se recogieron en reformas educativas generales, pero las limitaciones presupuestarias que siempre han existido en la educación pública española han hecho difícil, lento y todavía reducido el proceso de integración educativo y no digamos en el ámbito universitario.

Si la formación es decisiva en un panorama de constantes cambios en los procesos productivos, cuando además se sufre una escasa receptividad en el mercado de trabajo por parte de los empleadores (privados y públicos), o las personas con discapacidad tienen una adecuada formación o nos quedaremos en el terreno del puro voluntarismo.

En el ámbito de la accesibilidad sin duda en estos 30 años también ha habido notables avances, aunque desiguales según en qué materias (transporte, comunicación, vivienda y edificios públicos) ámbitos (urbano y rural) o entre las diversas CC.AA. Se ha facilitado la integración social y laboral de las personas con discapacidad, aunque todavía tenemos retos importantes que desarrollar.

Los impresionantes cambios tecnológicos en los últimos años, igualmente han abierto expectativas importantes para la normalización de la vida cotidiana, laboral y social de las personas con discapacidad, aunque esas posibilidades no siempre están al alcance de todas las personas que las necesitan y pueden estar generando ciudadanos de primera y de segunda según sean sus posibilidades de acceso a las nuevas tecnologías.
 
Pero afrontar toda esa gama de iniciativas de política activa de integración tiene importantes costes económicos que seria irresponsable obviar y que supone el tercer núcleo de problemas relacionados con la LISMI. Si computáramos los presupuestos destinados a la LISMI ( y a partir del año 1991 a las Pensiones No Contributivas)  por parte de la Administración Central desde 1986, veríamos que han sido de una entidad no desdeñable, destinada sobre todo a prestaciones económicas. Es evidente que la transferencia de esos recursos a las personas con discapacidad y sus familias, han supuesto en muchos casos un alivio económico imprescindible. ¿Pero ese importante esfuerzo presupuestario ha sido el más rentable socialmente? ¿O hubiera sido más adecuado destinarlos a políticas activas de integración?

Por ultimo quisiera subrayar que la LISMI inició el camino de la igualdad de derechos, para un colectivo de ciudadanos, que suponen en torno al 10% de la población, que estaban marginados y más aún, ocultos. La sucesiva normativa estatal, autonómica y local que se ha promulgado en estos 30 años han supuesto notables  logros en materia de igualdad, aunque hay que hacer una importante matización: las mujeres con discapacidad todavía sufren la doble discriminación como mujeres y como personas con discapacidad, en el ámbito educativo, laboral, social e incluso domestico en las relaciones familiares.

Pero la LISMI exigía y exige continuidad, incorporación de nuevos aspectos, revisión o actualización de otros, etc. La transferencia de competencias coloca la responsabilidad fundamental en el ámbito de las Administraciones Autonómicas, mientras a la Administración General del Estado le cabe impulsar algunas iniciativas generales sobre todo en el ámbito del empleo y aprobar Planes estatales, inevitablemente poco exigentes y vinculantes. Aunque también hay que tener presente que los avances conseguidos en estos 30 años han reducido notablemente las demandas y sobre todo la presión reivindicativa y movilizadora del movimiento asociativo, de las personas con discapacidad y de las familias, lo que conduce a que en un momento de generalizados recortes sociales, las Administraciones Publicas no se sientan especialmente empujadas a promover nuevos avances o a evitar retrocesos.

Héctor Maravall Gómez-Allende
Director General del IMSERSO 1992-2000
Actualmente adjunto en la Secretaria Confederal de Politica Social de CCOO